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¿Y ahora qué?

Hace dos meses venimos comentando sobre la reforma del Código Civil. Fuimos entendiendo que no todo es tan lindo como parece y que no escuchamos todas las voces sobre este proyecto por los noticieros y diarios. Pero igualmente insistimos que es importante que “tomemos partido”, que digamos que estamos o no de acuerdo y por qué.

En un mundo tan globalizado y en ciudades tan grandes donde llegamos al punto de pensar que somos solo uno más, ¿vale la pena tomarse el trabajo de pensar y expresar las diferencias? Personalmente, creo que si abandonamos esta tarea el mundo perdería mucho de su encanto, pero más alla de eso, perdería su libertad.

Y en este caso, se haría difícil entender qué es una familia, un matrimonio, ser madre, ser padre, cuáles son los derechos y las responsabilidades de ellos, entre otras cosas. Pero no es solo una cuestión teórica, sino que influye verdaderamente en nuestras vidas, en lo mas íntimo de ellas, día a día: una mujer es tratada como un objeto, un matrimonio civil no da seguridad jurídica (dejando desamparados a los más débiles), un hijo que no conoce (y nunca podrá)  a sus padres, entre otros.

El pasado 8 de Noviembre muchos argentinos por todo el mundo salimos a las calles como señal de protesta frente al gobierno actual. ¡Quiero felicitar a aquellos que llevaron este gran cartel que aparece en la foto!

Mechi Richards

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Régimen del matrimonio en el Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Un matrimonio devaluado.

Es notorio el esfuerzo de los medios de comunicación social en presentar de la manera más atractiva posible las modificaciones al régimen matrimonial propuestas en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, en procura de aceptación social. Se oculta de esa manera la verdadera esencia de los cambios, que intentaremos desentrañar en estas líneas.

En el Proyecto advertimos una retirada del Estado y de las normas de orden público en materia de matrimonio, en pos de una pretendida revalorización de la autonomía de la voluntad y del derecho a la privacidad de los cónyuges. De prosperar esta reforma, la institución matrimonial será vaciada de contenido. Ya no surgirá de la misma el fin procreativo ni el asistencial, ni la nota de perdurabilidad del matrimonio.

Dentro de la enumeración de deberes matrimoniales, en el Proyecto han sido eliminados los de cohabitación y fidelidad, y debilitado el de asistencia.

El Proyecto sólo le reconoce naturaleza moral al deber de fidelidad. Primera aclaración: si es moral no es jurídico, entonces su inobservancia no generará consecuencias de orden práctico.

Esta regulación “contractual” del matrimonio, dice proteger la autonomía de la voluntad permitiendo elegir cualquier proyecto de vida -siempre y cuando surja del consenso de sus integrantes-. En realidad esta autonomía solo vale para garantizar el derecho a la infidelidad sin sanción alguna, quitándole todo tipo de acción a la víctima.

¿Era necesaria esta reforma para alcanzar los fines propuestos en el Proyecto? Creemos que no.

Pensemos –dejando al margen todas las consideraciones morales del caso- que actualmente los cónyuges pueden pactar mantener relaciones extraconyugales. Ahora bien, cuando uno de los cónyuges quiere tenerlas y el otro no, el Código Civil deja a salvo los derechos de la víctima de la infidelidad, que podría solicitar el divorcio.

En el Código proyectado no hay remedio para esta situación, ya que la fidelidad no puede pactarse. La víctima no tendría forma de protegerse por el agravio causado.

Esto afecta seriamente el principio de igualdad enunciado en el Proyecto: se otorgan más derechos a aquellos que optan por un matrimonio “abierto”, que a los que optan por un matrimonio exclusivo.

La consecuencia más grave es que provoca la inestabilidad del estado de familia e incrementa la litigiosidad. La obligación de fidelidad, impuesta especialmente a las mujeres, tenía por finalidad garantizar la correspondencia entre la realidad biológica y la identidad social del niño. Sin deber de fidelidad pierde sentido la presunción de filiación; ¿qué garantías de paternidad podría tener un cónyuge que ha permitido a su mujer mantener relaciones extraconyugales?

Esta regulación del matrimonio es contraria al común sentir de los habitantes del país, que cuando piensan en un matrimonio imaginan, por lo menos, una relación exclusiva, y no “abierta a otros”.

En lo que respecta al deber de cohabitación, su importancia radica en que fija el domicilio conyugal, y hace nacer la protección especial de la vivienda conyugal frente a posibles ejecuciones. Además, sin obligación de cohabitar, se expone al niño a un régimen de contacto propio de divorciados, siendo que el matrimonio estaría vigente.

El deber de cohabitación implicó siempre la donación íntima de los cónyuges. Suprimido este deber parecería más razonable suprimir las presunciones de filiación en el matrimonio.

Finalmente, en concordancia con la supresión del deber de cohabitación y el deber de fidelidad, hay un debilitamiento del deber de asistencia entre cónyuges. Tratándose de deberes morales, se despojaría al matrimonio del deber de asistencia espiritual o moral.

Por todos los motivos señalados esperamos que esta propuesta no resulte aprobada por nuestros legisladores.

Diego Agustin Ferreyra

Profesor de Derecho Constitucional UCA

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Un proyecto que preocupa

No cabe duda sobre la importancia de una institución como el matrimonio, en el que un hombre y una mujer se unen para toda la vida no sólo para lograr el bien de ambos esposos, sino también para formar una familia con los hijos resultados de esa unión. Lo que ha llevado a afirmar que la familia formada de tal manera es la base de la sociedad, por lo que deben otorgársele todas las ventajas que lleven a su desarrollo sostenido.

Es por ello que sin duda preocupa -y mucho- que en el Proyecto de reformas al Código Civil, que en este momento está en estudio de una Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, se siga considerando como matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo. No se puede ni conviene igualar lo que no es igual, debiendo reconocerse las diferencias existentes entre el verdadero matrimonio formado entre un hombre y una mujer, de la unión de personas de igual sexo, que no pueden procrear; no es posible confundir la igualdad de derechos entre los sexos, con las evidentes diferencias que existen entre el varón y la mujer, no sólo biológicas y anatómicas, sino también psicológicas y sociales, entre otras, lo que hace a una necesaria y saludable complementación tanto en la unión conyugal, como en la educación y formación de los hijos.

Y como si lo anterior no bastara para cuestionar a las disposiciones proyectadas, en las mismas se exacerba la libertad al pretenden rebajar al matrimonio a una unión que puede deshacerse en cualquier momento sin motivo ni plazo alguno desde su celebración –ni tampoco responsabilidad para quien se quiere divorciar de su cónyuge-, facilitándose la ruptura del lazo matrimonial hasta un grado inédito y ciertamente insólito, con lo que se vuelve al repudio de la antigüedad, que tanto ha sido criticado a través de los siglos. Resulta inadmisible que uno de los cónyuges pueda injuriar gravemente y cuantas veces quiera al otro, como también abandonarlo voluntaria y maliciosamente, así como faltar tanto al deber de fidelidad como al de convivencia, ínsitos al matrimonio, sin que nada de ello tenga una consecuencia adversa para quien así haya actuado.

Este retroceso legislativo no acaba allí, debiendo señalar entre muchas otras cuestiones, la honda preocupación que causa las indebidas ventajas que en el Proyecto se le otorgan a otro tipo de uniones no institucionalizadas –que son denominadas uniones convivenciales-, muy parecidas a aquellas de las que goza el matrimonio, con lo que de alguna manera se le restringe a esta última institución la relevancia que tiene y le corresponde, en lugar de otorgarle el apoyo exclusivo que requiere y conviene a su decisiva importancia en el desarrollo armónico de la verdadera familia.

Resulta sin duda indiscutible que a las normas proyectadas no se las puede calificar de “progresistas”, como se pretende, dado el retroceso cultural y social que ellas suponen, con grave desmedro de la unión matrimonial, afectando de tal manera a la sociedad en su conjunto, como también a los hijos nacidos de esa unión.

Dr. Eduardo Sambrizzi

Doctor en Derecho Civil, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de la Ciudad de Buenos Aires, y del Instituto de Derecho Civil.

eas@sambrizziyasoc.com.ar

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Reforma del Código Civil: “Hay puntos que merecen el debate”

El Ministro Secretario de Derechos Humanos de Misiones, Edmundo Soria Vieta, plantea que no todo es tan fácil como parece: entran en juego temas como la identidad, la bioética, la fertilización in vitro, entre otros. ¿Nos da todo lo mismo? ¿Que tenemos para decir? ¿Es cierto que viola derechos humanos? ¿O reconoce nuevos derechos humanos?

Los invito a compartir que le dirían a los legisladores (¡nuestros representantes!) respecto estos temas!

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La autonomía de la voluntad en la regulación legal del matrimonio y la familia

Desde la perspectiva personalista, la identidad del matrimonio y la familia no son una construcción subjetiva del legislador en base a intereses de sectores de individuos o del Estado. La identidad del matrimonio surge de la dinámica tendencial de la sexualidad de la persona humana propia del amor varón-mujer. Tres tendencias básicas de dicha sexualidad modelan la estructura del tipo de unión matrimonial. La tendencia a la exclusividad; su tendencia a la permanencia; y la tendencia a la fecundidad, siendo la máxima expresión de esa fecundidad es dar vida a otro ser humano. La heterosexualidad, la exclusividad, la permanencia y la fecundidad son pues las características objetivas permanentes con que la humanidad a lo largo de la historia ha identificado al matrimonio con matices culturales secundarios referidos fundamentalmente a la forma.

El matrimonio tiene pues una identidad natural y objetiva. En otras palabras, es una realidad “dada” al legislador positivo en cuanto a sus propiedades -exclusividad y permanencia- y fines – complementariedad y procreatividad-.

Desde esta concepción antropológica-jurídica, surgen una serie de principios que deben ser respetados por el legislador en miras a preservar el ámbito ecológico propio del ser humano.

  1. El matrimonio y la filiación son realidades naturales objetivas. En otras palabras, sus estructuras fundamentales derivan de la estructura dinámica natural de la persona y la sexualidad humana.
  2. El matrimonio y la filiación son realidades jurídicas intrínsecas, esto es, realidades jurídicas pre-legales y pre-estatales. La juridicidad de la relación matrimonial y filial es generada por los mismos contrayentes y padres en el acto jurídico del consentimiento matrimonial y la procreación.
  3. La regulación jurídica extrínseca de origen legal y estatal debe respetar la realidad objetiva natural de sus estructuras y la  juridicidad intrínseca de estas instituciones del derecho de familia.
  4. El matrimonio es un acto jurídico privado no estatal sin perjuicio de la intervención de una autoridad estatal con fines de seguridad jurídica.
  5. Existe un orden público familiar derivado de las funciones sociales estratégicas que la familia cumple en la sociedad: procrear las próximas generaciones de argentinos; criarlos,  personalizarlos éticamente y socializarlos integrándolos adecuadamente a la sociedad argentina.
  6. Resulta necesario repensar el concepto de orden público en el actual derecho de familia.
  7. El principio de autonomía de la voluntad tiene cabida en el derecho de familia.
  8. El principio de la autonomía de la voluntad no rige en el derecho de familia con plena amplitud en las relaciones personales de familia.
  9. El principio de autonomía de la voluntad rige en las relaciones de familia, sujeto a las siguientes limitaciones:
  • Los convenios entre cónyuges como instrumento para determinar y modelar los efectos jurídicos familiares de la separación o divorcio.
  • El convenio es una vía de ejecución de la ley y no de sustitución de sus normas de orden público.
  • Los convenios son válidos entre las partes pero su coactividad requiere la homologación judicial.

De lo expuesto, consideramos que el proyecto de reforma al Código Civil actualmente en debate, debería reconocer en su articulado los deberes y derechos intrínsecos al matrimonio. Ellos constituyen la esencia del compromiso que asumen los cónyuges, varón y mujer, entre sí y frente a la sociedad toda. A saber: fidelidad, asistencia y cohabitación.

Ana Ortelli

Profesora de Derecho de Familia

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¿Qué es el matrimonio civil?

Durante la presidencia de Julio Argentino Roca se sanciono la Ley de Matrimonio Civil, que establecía que antes del matrimonio religioso los cónyuges debían casarse ante un Registro Civil. Hasta entonces, el contenido del matrimonio era muy semejante entre el matrimonio civil y el religioso. Luego, durante el gobierno de Alfonsín, se sanciono la Ley de Divorcio: el matrimonio civil era solamente hasta que los cónyuges decidieran no estar mas juntos. Durante la primer presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se sancionó la ley de matrimonio igualitario, que establece que el matrimonio es simplemente una unión entre dos personas (del mismo sexo o no). Ahora, con el proyecto de Reforma de Código Civil, se busca eliminar entre otros valores del matrimonio la fidelidad y la cohabitación.

Esto me hace pensar ¿quién es el Estado para decir: estas dos personas se pueden casar y solo bajo estas condiciones? ¿Es el matrimonio un contrato más? ¿Cuál es la diferencia entre dos amigas que viven bajo el mismo techo, y un matrimonio? ¿Porque yo puedo establecer las clausulas de un contrato comercial, pero no de uno civil que involucra lo más íntimo de mi persona?

Mi mente puede llegar a entender que el matrimonio natural (aquel donde dos personas se prometen amarse hasta que la muerte los separe, sin necesidad de ningún juez, ni sacerdote) sea una institución importante para el Estado, que la RECONOZCA, para luego protegerla. Especialmente para proteger a los hijos y la educación de los ciudadanos. Pero creo que cambiar el significado de una institución va más allá de sus límites, porque hay una gran diferencia entre crear el matrimonio, que reconocerlo. Volviendo al artículo que escribió María Canale, le estamos dando al estado el poder de crear y nombrar las cosas. ¿Esa es la función para la que elegimos gobernantes?

Mercedes Richards, 19 años.

Estudiante de Relaciones Internacionales

Twitter: @mechirichards

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