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La autonomía de la voluntad en la regulación legal del matrimonio y la familia

Desde la perspectiva personalista, la identidad del matrimonio y la familia no son una construcción subjetiva del legislador en base a intereses de sectores de individuos o del Estado. La identidad del matrimonio surge de la dinámica tendencial de la sexualidad de la persona humana propia del amor varón-mujer. Tres tendencias básicas de dicha sexualidad modelan la estructura del tipo de unión matrimonial. La tendencia a la exclusividad; su tendencia a la permanencia; y la tendencia a la fecundidad, siendo la máxima expresión de esa fecundidad es dar vida a otro ser humano. La heterosexualidad, la exclusividad, la permanencia y la fecundidad son pues las características objetivas permanentes con que la humanidad a lo largo de la historia ha identificado al matrimonio con matices culturales secundarios referidos fundamentalmente a la forma.

El matrimonio tiene pues una identidad natural y objetiva. En otras palabras, es una realidad “dada” al legislador positivo en cuanto a sus propiedades -exclusividad y permanencia- y fines – complementariedad y procreatividad-.

Desde esta concepción antropológica-jurídica, surgen una serie de principios que deben ser respetados por el legislador en miras a preservar el ámbito ecológico propio del ser humano.

  1. El matrimonio y la filiación son realidades naturales objetivas. En otras palabras, sus estructuras fundamentales derivan de la estructura dinámica natural de la persona y la sexualidad humana.
  2. El matrimonio y la filiación son realidades jurídicas intrínsecas, esto es, realidades jurídicas pre-legales y pre-estatales. La juridicidad de la relación matrimonial y filial es generada por los mismos contrayentes y padres en el acto jurídico del consentimiento matrimonial y la procreación.
  3. La regulación jurídica extrínseca de origen legal y estatal debe respetar la realidad objetiva natural de sus estructuras y la  juridicidad intrínseca de estas instituciones del derecho de familia.
  4. El matrimonio es un acto jurídico privado no estatal sin perjuicio de la intervención de una autoridad estatal con fines de seguridad jurídica.
  5. Existe un orden público familiar derivado de las funciones sociales estratégicas que la familia cumple en la sociedad: procrear las próximas generaciones de argentinos; criarlos,  personalizarlos éticamente y socializarlos integrándolos adecuadamente a la sociedad argentina.
  6. Resulta necesario repensar el concepto de orden público en el actual derecho de familia.
  7. El principio de autonomía de la voluntad tiene cabida en el derecho de familia.
  8. El principio de la autonomía de la voluntad no rige en el derecho de familia con plena amplitud en las relaciones personales de familia.
  9. El principio de autonomía de la voluntad rige en las relaciones de familia, sujeto a las siguientes limitaciones:
  • Los convenios entre cónyuges como instrumento para determinar y modelar los efectos jurídicos familiares de la separación o divorcio.
  • El convenio es una vía de ejecución de la ley y no de sustitución de sus normas de orden público.
  • Los convenios son válidos entre las partes pero su coactividad requiere la homologación judicial.

De lo expuesto, consideramos que el proyecto de reforma al Código Civil actualmente en debate, debería reconocer en su articulado los deberes y derechos intrínsecos al matrimonio. Ellos constituyen la esencia del compromiso que asumen los cónyuges, varón y mujer, entre sí y frente a la sociedad toda. A saber: fidelidad, asistencia y cohabitación.

Ana Ortelli

Profesora de Derecho de Familia

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